Aviso

 

Mientras los que roban, asesinan y depredan el país pasan las condenas en sus casas o en el peor de los casos en guarniciones militares con todas las condiciones de un resorts, los que luchan se pudren esperando un juicio o cumpliendo una condena por exigir los derechos mas básicos de los colombianos

El debate en el país y en el mundo sobre la eutanasia es latente, mientras científicamente médicos y activistas entregan estudios y debaten sobre el derecho a morir dignamente, otros desde sus concepciones morales, regidas por su filiación religiosa o partidaria, pretenden obligar a familias y pacientes a vivir el via crusis de una enfermedad o condición terminal.

¿Pero morir dignamente solo esta relacionado con la eutanasia? Algunos podrían decir que sí, pero esta moneda tiene dos caras, una: aquellos que en los hospitales viven junto a sus familias el dolor de no poder partir y otros, los que desde las cárceles no tienen acceso a médicos y medicinas o a sus familias para morir acompañados.

 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció un ataque en contra de Radio Pa’yumat que dejó a la emisora nasa fuera del aire en la noche del 20 de diciembre.

Según la denuncia, sujetos desconocidos entraron a las instalaciones de la radio comunitaria en el resguardo Munchique los Tigres, ubicado en el municipio Santander de Quilichao, y cortaron el cable de transmisión, sacando a la emisora del aire. La Asociación denunció esta agresión como un ataque en contra de la libertad de expresión y prensa del movimiento indígena.

Radio Pa’yumat, parte del tejido de comunicaciones de la ACIN desde el 2001, transmite diariamente boletines de información, los cuales incluyen convocatorias para movilizaciones sociales y denuncias de amenazas a líderes sociales, además de programación cultural.

 

Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, la corrupción le cuesta a los colombianos cerca de 9 billones de pesos al año. Durante 2018 los escándalos alrededor de este flagelo también fueron noticia, algunos tienen una historia que poco a poco se ha conocido. Sobre otros aún se sabe muy poco.

CAÍDA DEL PUENTE DE CHIRAJARA
A principio de año, el 15 de enero, los medios del país registraron la caída de la mitad del puente de Chirajara. Del accidente resultaron muertos 9 obreros, adicionalmente, fue necesario derribar parte de la estructura que tenía un costo superior a los 70 mil millones de pesos. Según Coviandes, constructora del proyecto y filial de Corficolombiana, el puente tuvo errores de diseño que causaron el accidente.

 

El año 2018 comenzó cargado de dinámicas políticas bastante agudas en el campo político, las elecciones parlamentarias abrieron la posibilidad a que se marcara el rumbo político y mediático en las regiones y a nivel nacional, la configuración del partido FARC, la consolidación de fuerzas como Coalición Colombia, el posicionamiento de Colombia Humana y las movidas del uribismo organizado en el Centro Democrático en medio de un constante debate por los acuerdos para la terminación del conflicto con FARC, permitieron evidenciar públicamente, y sobre todo, durante la campaña presidencial, las diversas motivaciones y proyectos políticos de la élite colombiana.

Esta disputa electoral por el botín de manejos burocráticos, recursos de paz y bicentenario permitió evidenciar qué fuerzas y actores serían determinantes del rumbo político y económico del país, generando que, al borde de segunda vuelta presidencial, empujó a diversos sectores alternativos, progresistas y de izquierda a sumarse a la cola del “menos

 

La decisión es en respuesta a la medida similar del país neogranadino contra Carlos Pino, funcionario en la embajada venezolana en Bogotá

El gobierno de Venezuela expulsó al funcionario consular Juan Carlos Pérez Villamizar, como respuesta a la medida similar del país neogranadino contra Carlos Pino, funcionario de la embajada venezolana en Bogotá.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno venezolano catalogó la medida del gobierno colombiano como un “secuestro por parte de las autoridades colombianas” y una “expulsión arbitratia”.

Agregan que la decisión obedece a “razones de seguridad de Estado” y reciprocidad. El ciudadano colombiano Pérez Villamizar se encuentra en el país ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana, lo cual constituye una violación a las convenciones internacionales que rigen la materia, explica el comunicado.