Aviso

 

A finales de la década de los 60s, Louis Althusser, nos previene en su libro “los aparatos represivos e ideológicos de estado”, que ningún sistema puede dominar y controlar el estado si simultáneamente no tiene autoridad sobre estos aparatos y, por lo tanto, la posibilidad de perder el poder acecha a cada instante.

Uno de ellos es el aparato sindical. Si es de base, su lucha y confrontación al estado y a los patronos no da respiro para arrancar a los mismos conquistas cada vez más significativas  hasta tomarlo por asalto. Si no es así, si nos encontramos con un sindicalismo pusilánime, conformista, complaciente, burocratizado, esperando las migajas que caen de la mesa donde la oligarquía se da la gran vida, dejando caer los sobrantes de sus comidas opulentas, abundantes, ricas en proteínas, las consecuencias para la clase trabajadora no pueden ser peores.

 

Todos suponíamos que, aun con dificultades, la paz se había constituido en el leitmotiv o la razón que guiaba nuestro caminar en una nueva época política en la que predominaba la reconciliación, el pluralismo y la convivencia generalizada.

A partir de los diálogos del gobierno anterior con las Farc, de los acuerdos consolidados con dicha organización, no obstante el tropiezo del plebiscito del 2016, y de la implementación de los consensos alcanzados mediante varios instrumentos institucionales que incluyeron actos legislativos, leyes y decretos extraordinarios del Fast Track, la hipótesis de la paz cada vez era más preponderante tanto en la narrativa de los actores sociales y políticos como en las acciones de estos y de las instituciones principales del campo político (Gobierno, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil)

 

El nuevo año se inició con una seguidilla de asesinatos en diversos puntos del territorio colombiano los cuales han dejado muerte y terror entre las organizaciones sociales y populares.

Lo que está sucediendo pone al descubierto la ineptitud del gobierno y la irrelevancia de los planes de protección de líderes, anunciados a cada rato para calmar la indignación de la ciudadanía. Tanto la Presidencia de la Republica, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Republica, se presentan en los grandes medios de comunicacion anunciando pomposos e inútiles planes que se quedan en los escritorios y en las oficinas de Bogotá, pues en la regiones se imponen siniestros grupos de poder asociados con funcionarios públicos encargados de las masacres y el pistoleo contra los indefensos liderazgos comunales, agrarios, ambientales, femeninos, indígenas y de los derechos humanos.

 

La Jep es un mecanismo de justicia transicional para superar la violencia del conflicto social y armado que afecto por décadas a la sociedad colombiana. Ella hace parte de un Sistema de Verdad, justicia, reparación y no repetición que se coloca como un mecanismo alternativo de justicia hibrida que incorpora tanto elementos de la justicia restaurativa como de la retributiva, punitiva o justicia ordinaria.

La Verdad es el pivote que da origen a la prevalencia del procedimiento restaurativo centrado en la victima, no en la norma violada ni en la punición intramural, como una retaliación institucional que no impide la repetición de la infraccion criminal como ocurre con la justicia ordinaria en la que la reincidencia es casi del 90% según estudios del propio Inpec y de la Comisión de asuntos penales del Ministerio de Justicia.

 

El libreto del fiscal general de Colombia, no fue escrito por el maestro Salustiano Tapias, quien representaba a un albañil profundo, honesto y trabajador, que dejó en el fondo un mensaje social; el actual Martínez, lo deja pero de dolor. Uno cómico y el otro trágico. Tragedia nacional; apenas un lado del estado de las instituciones en Colombia. El hijo, un actor de reparto, profesional con sobresalientes actuaciones saltando de lo público a lo privado y viceversa; hoy se le han trastocado los diálogos, pero su experiencia de proximidad en las tablas, le ha permitido conservar la calma y las apariencias ante el público.

Los hechos son claramente lógicos: un fiscal no puede investigarse a sí mismo y menos aún ante sucesos tan graves como los que son del dominio nacional. En un país sano, con personas éticas, ya se hubieran producido las correspondientes renuncias y se estaría ante un escándalo de inmensas proporciones.