En desarrollo coherente defensivo del proceso de paz que he venido sosteniendo desde esta columna, ante el reciente aval proferido por la Corte Constitucional, al plebiscito a convocar por el gobierno nacional; creo oportuno compartir algunos criterios.
El primero tiene que ver con que a Colombia, no se le daba la oportunidad de utilizar este mecanismo de participación ciudadana desde el 1 de diciembre del 57, cuando entre otros
aspectos se incorporó en buena hora la igualdad de derechos políticos a la mujer.
El segundo, es claro que el mecanismo constitucional más idóneo para lograr las reformas que reclama el país, es la Asamblea Nacional Constituyente, similar a la originaria de la Constitución del 91, que inicialmente contemplara grandes conquistas democráticas y sociales algunas de las cuales han sido desmontadas paulatinamente, pero que sirviera de modelo fundamental para algunas reformas en el continente como en Venezuela, Ecuador y Bolivia particularmente.
Lo tercero es que nuevamente Colombia, emerge como ejemplo e hito histórico al tratar de resolver sus profundos conflictos de más de 50 años por la vía del diálogo, la concertación y un pacto de paz. Ojalá la contundencia de este precedente pueda llevarnos por senda civilizada que comprometa todos los sectores de la población, incluso a otros grupos alzados en armas y a la apertura del sometimiento a la justicia de todas las expresiones delincuenciales existentes en el país.
Se trata pues, de no perder la esperanza, el optimismo la proactividad y la sinergia en esta nueva fase de nuestra vida republicana, que está pasando a la historia aún en contra de los 206.654, disidentes minoritarios que le dijeron NO al contenido de las propuestas en 1.957.
Hay que ser objetivos y observar que los acuerdos por la paz son una realidad respaldada nacional e internacionalmente y no debemos quedarnos a la vera del camino, si no tratar de aportar al máximo por la grandeza de la patria, dejando de lado los intereses mezquinos, las minucias y egos que puedan acompañar la propuesta de fondo en sentido de salvar vidas, iniciar reformas profundas en el orden económico, de participación política equitativa, de conquistas sociales, de políticas públicas humanas y accesibles a toda la colectividad.
Ahora bien, el proceso pedagógico deberá ser profundo cuidadoso y acorde con la necesidad histórica que vivimos; siendo realistas y prevenidos para evitar que “todo cambie pero que siga siendo igual”. Es decir que la Comisión de la verdad debe realmente conducir a la verdad verdadera.
Que el tribunal especial y la justicia transicional deben realmente ser diferentes a lo tradicional. No más de lo mismo ni con los mismos. Que no nos vengan ahora a aparecer los tradicionales “juzgadores“ de la causa publica, cambiados de careta o de toga, que nos han llevado precisamente a la actual crisis, con prácticas y comportamientos indeseables como la corrupción, la impunidad, la extorsión, la mentira, el engaño, la violación flagrante a los derechos humanos, la desaparición de sus semejantes, y la defraudación del erario público, amantes del odio, el rencor, la venganza y causantes de la polarización del país; a dar lecciones de pedagogía de ética, paz, o convivencia ciudadana.
Desde esta humilde tribuna llamamos al gobierno nacional, regional, local y a los organismos Internacionales a observar cuidadosamente estos aspectos y antecedentes de otros procesos de paz de Colombia y del exterior, pues creo con García Márquez, que “todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra”.
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