Señor
Jaime Naranjo Ortiz
Presidente de Comisión
Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
Cámara de diputadas y diputados
Valparaíso
De su consideración,
Tenemos el agrado de saludarle y, por su intermedio, a los miembros de la comisión que usted preside. Valoramos positivamente la disposición que ha tenido con el Observatorio Internacional Radomiro Tomic para conocer la preocupación y atender la solicitud que le hacemos presente en relación con la violación de los derechos humanos en el hermano país de Colombia.
Lamentablemente, la opinión pública - tanto a través de los medios de comunicación como del gobierno y el parlamento chileno - ha mostrado una visión sesgada que desinforma sobre la grave crisis humanitaria que afecta a la Patria Grande. Consideramos que el Estado chileno no ha cumplido fielmente su papel de país acompañante, después de la firma del Acuerdo de Paz de 12 de diciembre de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia.
En conocimiento de los graves hechos atentatorios a la vida humana, expresamos a continuación un breve resumen que le permita interiorizarse de la deteriorada situación humanitaria por la que atraviesa el pueblo colombiano.
Tras cumplirse cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que dio punto final a una de las guerras más largas de la historia contemporánea en nuestra América, resulta evidente que el término formal del conflicto armado no ha logrado disminuir la violencia sistemática. Particularmente para aquellos sectores más vulnerables y apartados, que son, precisamente, los más golpeados por una guerra de más de 50 años.
El incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano pone en entredicho la seriedad y el respeto por la palabra empeñada, no solo ante los ciudadanos de ese país sino también ante la comunidad internacional, en especial ante Naciones Unidas, los países garantes y aquellos acompañantes del proceso de paz.
Resulta imperativo señalar que, de todos los puntos centrales del acuerdo, los cuales han presentado diferentes grados de retrasos, inconsistencias, falta de financiamiento oportuno o voluntad política, ninguno representa la gravedad que tiene la nula efectividad para resguardar la participación política y social. Este derecho ciudadano, debe -antes que nada- ofrecer garantías mínimas de seguridad para los líderes y lideresas de las organizaciones, movimientos sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, dando una lucha frontal contra las organizaciones que atentan contra la seguridad y vida de estas personas. Se trata, por cierto, de un deber ético que incluye la persecución de las organizaciones criminales paramilitares y sus redes de apoyo, asegurando revertir los niveles de impunidad. No existe otra manera de lograr que no se repitan los actos violentos.
A pesar de que no hay concordancia en las cifras de personas asesinadas por su calidad de líderes o lideresas, los números -tanto gubernamentales como de las ONG- son del todo alarmantes. Más aún en un país que se supone ha implementado una serie de medidas legales e institucionales para proteger los derechos de todas y todos los colombianos como una forma de refrendar los acuerdos pactados en esta materia.
Según la Fiscalía General de Colombia el número de líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos es de 349 personas; no obstante, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) aseguró en agosto de este año que son 970 los asesinados desde julio del 2016 a la fecha de su informe, identificando en su plataforma digital a cada una de las víctimas: 342 campesinos, de los cuales 131 eran mujeres, 250 indígenas, 71 afros y 6 ambientalistas. Según la Defensoría del Pueblo Colombiano se habrían producido 555 asesinatos de líderes comunitarios entre el 1° de enero del 2016 y octubre del 2019. Según varias ONGs consultadas, una de las razones que explicaría estas diferencias podría ser la definición de “líder social” que hace el estado colombiano; según la Consejería presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales las diferencias corresponden a metodologías diversas en la documentación de los casos.
Hasta la fecha, Colombia registra la triste cifra de más de 30 masacres, ampliamente documentadas en la mayoría de los medios de comunicación y en declaraciones oficiales.
Según un reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 25 de septiembre de 2020, se ha verificado un total de 48 homicidios, incluidos los de nueve miembros de comunidades étnicas y cinco mujeres, mientras que otros 51 homicidios están siendo verificados.
En el mismo informe se señala que según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 2020 se han registrado 42 incidentes en los que numerosos civiles fueron asesinados, y otros trece incidentes están siendo verificados. Entre las víctimas hay 19 niños y niñas y doce mujeres.
Un dato que agrava esta severa situación: según varias organizaciones agrupadas en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) existiría un 98 por ciento de impunidad frente a estos crímenes, y así lo señalaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia que les fue otorgada en septiembre del 2019.
Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia, plantea que este es el país latinoamericano con más asesinatos a estos activistas: “Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, por oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también blanco de ataques”, según señaló en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras su visita al país a finales de 2018.
Forst señaló, asimismo, que “la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años, desde la firma del Acuerdo de Paz”.
Según Amnistía Internacional, ser defensor de derechos humanos en Colombia es una profesión de alto riesgo y, según datos de la organización Global Witness, sería el país más peligroso del mundo para ejercer esta legítima actividad.
Por otro lado, en cuanto a la situación de los ex combatientes de las FARC-EP, entre junio y septiembre de 2020, la Misión de Verificación de Naciones Unidas comprobó 19 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, lo que llevaría a un total de 50 excombatientes asesinados en lo que va del año. Según la Misión, desde la firma del Acuerdo Final, se han verificado 297 ataques contra ex miembros de las FARC-EP, que comprenden 224 asesinatos, 20 desapariciones forzadas y 53 intentos de homicidio.
Como se ha señalado en este resumen, la atención de la situación de los derechos humanos en Colombia requiere acciones urgentes tanto por el elevado número de personas fallecidas como por las violaciones sistemáticas, amenazas, señalamientos y desplazamientos que han persistido tras la firma de los acuerdos. Estos hechos no han generado la respuesta estatal necesaria para revertir la situación de peligro permanente ni garantizar el derecho a las personas a la participación política y social inherentes a toda democracia.
Si bien se han implementado algunas medidas, como las llamadas Unidades de Protección, hace pocas semanas un informe elaborado por el Ministerio del Interior colombiano revelaba que solo una de cada seis solicitudes fue admitida para el estudio de riesgo por parte de dicha Unidad, de manera que se activara su protocolo y ruta de protección. Al respecto, señalamos que hasta agosto del presente año se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, de las cuales solo el 16 por ciento fueron admitidas.
Por lo expuesto y al tenor de los antecedentes que se registran detalladamente en la bibliografía, solicitamos la especial atención y decisión política de la Comisión que usted preside y de la Cámara de Diputados para que ejerza su rol y el Estado chileno haga honor a su compromiso por la paz y la defensa de los derechos humanos en Colombia, colaborando así, genuinamente, con la integración latinoamericana.
Quienes suscribimos esta petición le saludamos y aguardamos con especial atención su respuesta.
Mónica González Mujica
Periodista, Premio Nacional de Periodismo 2019
Elizabeth Lira Kornfeld.
Psicóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2017
Alejandra Matus Acuña
Periodista, escritora. Premios Ortega y Gasset, Vasyl Stus, Hellmanc/ Hammet
Carmen Hertz Cadiz
Diputada
Carmen Frei Ruiz-Tagle
Ex senadora
Carlos Ominami Pascual
Ex senador
Jaime Gazmuri Mujica
Ex senador, ex embajador
Andrés Palma Irarrázaval
Ex diputado, ex ministro
Bosco Parra Alderete
Ex diputado
Rodolfo Seguel Molina
Ex diputado
Sergio Aguiló Melo
Ex diputado
Nivia Palma Manríquez
Ex ministra
Julia Urquieta Olivares
Ex subsecretaria de Previsión Social, abogada de DDHH
Nicolás Mena Letelier
Ex Subsecretario de justicia
Boris Yopo Herrera
Ex embajador de Chile en Sudáfrica
Eduardo Contreras Mella
Ex embajador de Chile en Uruguay
Claudio de Negri Quintana
Ex embajador de Chile en Vietnam
Gonzalo Navarrete Muñoz
Ex alcalde de Lo Prado
Raúl Donckaster Fernández
Ex alcalde de La Reina
Alejando Goic Jeréz
Actor
Alicia Lira Matus
Presidenta Agrupación de Ejecutados Políticos
Aliro Bocaz Sepúlveda
Profesor de Filosofía, Espcialista en EDA/EPJA-UNAH
Álvaro Hoppe Guiñez
Fotógrafo
Ana María Bussi Vidal
Socióloga
Andrés Araya Alemparte
Filósofo, profesor universitario
Anselmo Muñoz Gatica
Constructor Civil
Aquiles Córdova Seura
Comité por la memoria y los DDHH Carlos Godoy Echegoyen
Aurora Rojas Salgado
Lideresa Comunitaria
Carlos Donoso Pacheco
Periodista
Carlos López Dawson
Abogado, Ex presidente Comisión Chilena de DDHH
Catalina Saavedra Pérez
Actriz
Cecilia Montt Pinares
Lideresa Social
Cecilia Navarrete Bueno
Profesora
Cecilia Valdés Leon
Trabajadora Social. Vicepresidenta Nacional PDC
Claudina Valdés Cortés
Profesora
Cristina Parra Jeréz
Doctora en Psicología
Consuelo Castillo Echeverría
Gestora cultural
Daniel Retamal Maureira
Presidente Agrupación Ex Presos Políticos de Chile
Dafne Concha Ferrando
Dirigente Apoderados CORPADE
Diego Ancalao Gavilán
Presidente de la Fundación Instituto Desarrollo del Liderazgo Indígena
Eduardo Cardoza Olmedo
Movimiento Acción Migrante
Eduardo Thayer Correa
Abogado, Profesor Universitario
Eugenio Ortega Frei
Sociólogo, director ejecutivo Centro Democracia y Comunidad
Felipe Portales Cifuentes
Sociólogo, profesor y escritor
Francisco Bazo Pacheco
Sociólogo, Movimiento Acción Migrante
Francisco Garay Ruiz-Tagle
Dirigente social
Gabriel Pozo Pérez
Ex presidente Comisión Chilena de DD.HH
Giovanni Ramírez Farias
Re-acciona, revolución social
Guadalupe del Carmen Jara Neira
Psicóloga
Haydee Oberreuter
Encargada de Investigación y Memoria de los Familiares de exprisioneros Políticos Fallecidos
Héctor López Meneses
Ingeniero Comercial
Horacio Agustín Atenas Pérez
Sociólogo
Jaime Esponda Fernández
Abogado
Jorge Baradit Morales
Escritor
Jorge Conzález Carvajal
Vicepresidente ANEF
Jorge Coulon Larrañaga
Músico fundador Inti Illimani
Jorge Montealegre Iturra
Periodista, Poeta
Jorge Reveco Soto
Cineasta
José Pérez Debelli
ANEF
José Sabat Méndez
Profesor, defensor de DDHH
Juan Carlos Gómez Leyton
Doctor en Ciencias Políticas
Juan Díaz Berríos
Profesor
Julio Manques Maldonado
Coordinador Movimiento Convergencia Socialista Comunitario
Leonardo Polloni Agar
Sociólogo
Lorena Pizarro Sierra
Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Lorena Zambrano
AMPRO Tarapacá
Luis Vicencio Ortiz
Profesor
Manuel Jacques Parraguez
Abogado, escritor, profesor Universitario
Manuel Riesco Larraín
Economista, Ingeniero Civil
Marcela Piñeiro Fuenzalida
Ingeniera en alimentos
Marcelo Figueroa Pardo
Ingeniero Informático
Margarita Carvallo Prenafeta
Profesora
Margarita Young Debeuf
Trabajadora Social
María Ester Feres Nazarala
Abogada, profesora universitaria
María Fernanda Cautivo
Psicóloga, Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios
María Inés Bussi Vidal
Periodista
Mario Bugueño Mundaca
Dirigente de Comités de Base de Derechos Humanos
Marymar Vargas
Agrupación social y Cultural Colombianos por siempre
Nolberto Díaz Sánchez
Sindicalista, Secretario General de la CUT
Odette Magnet Ferrero
Escritora, Periodista
Pablo Rojas
Organización de Desarrollo Attas Fractal Antofagasta
Pablo Sepúlveda Allende
Médico
Patricia Loredo Chupán
Psicóloga, colectivo Sin Fronteras
Patricio Rozas Balbontín
Máster en Sociología, Economista, escritor
Paulina Cartagena Vidal
Socióloga y Profesora
Pía Barros Bravo
Escritora, feminista
René González González
Profesor
Reynaldo Lacamara Calaf
Escritor, ex presidente de la Sociedad de Escritores de Chile
Roberto Celedón Fernández
Abogado, defensor de DDHH
Roberto Rivera Vicencio
Escritor, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile
Rodolfo de la Fuente Banda
Médico ginecólogo, oncólogo
Rodrigo González López
Abogado
Rodrigo Moreira
Fundación Praxis Tarapacá
Rodrigo Van Bebber Ríos
Psicólogo
Rosario Carcuro Leone
Profesora
Sandra Piñeiro Fuenzalida
Investigadora en Memoria y DDHH
Víctor Hugo Zúñiga Rodríguez
Economista
Víctor Sáez Alarcón
Escritor, ex presidente de la Sociedad de Escritores de Chile
Hugo Cárdenas Vera, Luis Horacio Atenas Baeza, Marcel Young Debauf
Observatorio Internacional Radomiro Tomic
Bibliografía
Amnistía Internacional (2020) ¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia. En https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2330092020SPANISH.PDF
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016) En https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf
Consejo de Derechos Humanos ONU (2020) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia.
Consejo de Seguridad ONU (2020) Informe del Secretario General, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Defensoría del Pueblo Colombia (2019) En cuatro años han sido asesinados 555 líderes sociales, dice la Defensoría. En https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/8997/En-cuatro-a%C3%B1os-han-sido-asesinados-555-l%C3%ADderes-sociales-dice-la-Defensor%C3%ADa.htm
Presidencia de la República de Colombia, Consejería presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales (2020). Informe de homicidios contra líderes sociales y Defensores/as de derechos humanos en Colombia (01 enero al 31 de marzo del 2020).
Presidencia de la República de Colombia, Consejería presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales (2019). Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos 2010 – 2019.
