Con la llegada de los conquistadores españoles a Colombia, ocurrieron cambios inesperados en las comunidades nativas, tales como la eliminación de los sistemas sociales, la pérdida de culturas y lenguas ancestrales, el despojo de sus bienes, la suplantación del poder político de los jerarcas indígenas, por los preceptos de la Corona o de los invasores directos; la construcción de sistemas de comunicación terrestre y fluvial, la creación y fundación de “ciudades-estados” caso Santa Marta, donde fueron base para la expansión del poder español; la aniquilación de distintas culturas ancestrales y la explotación de bienes naturales para la incorporación al mercado mundial, etc. Estas situaciones que han representado profundos cambios sociales e impedido el desarrollo autóctono, generaron una enorme conflictividad histórica: la lucha por la tierra, que aún persiste en nuestros días.
La estrategia del despojo de tierras a través de la imposición de normas, la promulgación de cédulas reales, disposiciones jurídicas de la república, diezmos eclesiales y leyes que permiten el desplazamiento forzado, el terror y la muerte, ha sido una constante histórica que explica como la tenencia de tierras en Colombia se ha concentrado enormemente en muy pocos propietarios.
En nuestro País, la terminación del conflicto armado colombiano, como producto de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en octubre de 2016, dio como resultado un elemento fundamental: la terminación del conflicto armado, herencia de más de sesenta años de inestabilidad social en el País. El Acuerdo de Paz fue un suceso forzado por la necesidad histórica de búsqueda de un compromiso real y efectivo que diera a los rebeldes el carácter de actores políticos, en un proceso de negociación que podía ser la oportunidad para mejorar la dinámica social de la población y la de la propia democracia colombiana, ante referentes de negociación tan importantes como los ocurridos con otras organizaciones armadas (M19, EPL y ELN) desde 1984 en el gobierno de Belisario Betancur. Muchos sectores de la población, organizaciones comunitarias, algunos medios de comunicación y muchos organismos y países a nivel mundial se pronunciaron a favor de los acuerdos.
Sin embargo, del mismo modo como se produjeron los acuerdos, aparecieron los primeros obstáculos y detractores internos. Varios partidos políticos denunciaron los acuerdos con acusaciones engañosas como que el Estado se iba a entregar a las guerrillas, , con el fin de dilatar su implementación y “volverlos trisas”. Dos elementos centrales de la propuesta reformista, fueron duramente objetados por los sectores más radicales de la oposición:
El punto 1°, relacionado con la Reforma Rural Integral (RRI) que marcaba la contradicción irreconciliable de la clase dominante en el poder, puesto que implicaba la apropiación de la tierra y, con ello, la intocable propiedad privada, proceso que, desde el siglo XIX, había consolidado a la oligarquía latifundista que ostenta, desde hace mucho tiempo, el poder económico, político y social, que no pueden ver amenazado.
El otro punto, el 4° de los acuerdos de la Habana que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito para la producción y consumo de drogas prohibidas en el mercado internacional, y que ha generado estructuras de poder económico, político y militar, que ha facilitado la construcción de un aparato “democrático” en todo el País, con participación de sectores criminales del estado, la política y el poder (Paramilitarismo) obstaculiza la ejecución de acciones para la implementación efectiva de los acuerdos. La consolidación de estas castas, impide los cambios sustanciales requeridos en el País, pues afectan la estructura de poder en la pirámide funcional institucional.
El modelo productivo de esos sectores dela población, no obedece a políticas en el marco productivo social, sino que se relaciona con la acción ilegal del extractivismo y del mercado neoliberal, propio del modelo del país y del capitalismo multinacional , situación que impregna el comportamiento de amplios sectores de la población a partir del terror a los guerrilleros, lo que facilita su manipulación y subyugación para la formación de organizaciones delictivas, ejércitos mercenarios y adhesión a sectas religiosas, como sucedió con la incidencia de cientos de ellas en el fracaso del Referendo por la Paz.
La Reforma Rural Integral, promovida por el gobierno de Santos, no previó las imposibilidades de procesos coercitivos, que, por lo menos puedan redistribuir, entre los campesinos despojados, los 3 millones de hectáreas que se calcula, están en litigio, máxime cuando no hay garantías jurídicas ni de fuerza de ley para recuperarlas vía Ley de Víctimas. Tampoco la ley de Sustitución de cultivos que no depende de la intencionalidad de los Gobiernos, ni del estado mismo, cuando los ejércitos irregulares que las poseen, en santa alianza con las fuerzas militares gozan de su protección.
Corresponde a las organizaciones campesinas y, en general, a la sociedad colombiana, escoger el modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades alimenticias de la población, los sistemas productivos y las formas asociativas. Pero, ante todo al pueblo colombiano le corresponde seleccionar sus amigos.
El fracaso del pueblo colombiano es el fracaso de toda la humanidad. José Mujica.
