Un escenario social complejo como el que se ha estructurado con la pandemia del Covid 19 no puede enfrentarse con las instituciones tradicionales, contaminadas, por lo demás, con un alto nivel de corrupción, burocratismo e ineficiencia.

La crisis sanitaria en curso, con su alto número de contagios, muertos y en expansión incontenible, demanda instituciones más complejas y con gran capacidad de adaptación. Es justamente lo que no se consiguió, en el plano nacional, con las dos  Emergencias decretadas, que a la postre terminaron siendo una cascada de decretos sin ningún efecto real en el control de la difusión de la peste.

Con casi 200 decretos y más de 300 resoluciones dictadas al amparo de las facultades extraordinarias, estamos peor que hace cuatro meses. Todas esas normas son un monumento a la inutilidad. Solo han servido para favorecer los intereses de los grandes conglomerados bancarios, financieros y corporativos.

En el caso del Quindío, Armenia y Calarca la cosa es peor.

Desde hace casi 20 años este departamento y sus dos principales municipios han sido objeto del robo permanente de sus recursos presupuestales, incluidas las regalías petroleras. Varios exalcaldes de Armenia (Luz Piedad Valencia y Carlos Mario Alvarez) estan encarcelados; una exgobernadora (Sandra Paola Hurtado), es investigada por la Sala Penal de la Corte, con acusación en firme de la Fiscalía 8 delegada; y otro exalcalde (David Barros Vélez)  huye de la justicia que lo condeno a 25 años de cárcel.

La debilidad institucional de Armenia y Calarca es de tales dimensiones que sus dos alcaldes (Juan Manuel Ríos y Luis Alberto Balsero)  fueron suspendidos por la Procuraduría y la Fiscalía los llamo a indagatoria con medida de aseguramiento incorporada, por actos de corrupción con las compras para atender el coronavirus. Esos dos funcionarios fueron sorprendidos en actos ilegales con las contrataciones autorizadas  para compras de mercados y elementos de bioseguridad.

Armenia y Calarca estan en el vacío institucional y de tal adversidad se ha valido el actual gobernador, Roberto Jairo Jaramillo, para avanzar en sus movidas torcidas para apropiarse de nuevos espacios burocráticos y económicos, favoreciendo las viejas roscas políticas asociadas con la corrupción reflejada en varios “elefantes blancos” con una inversión de casi 120 mil millones de pesos, hechos con recursos de las regalías, denunciados recientemente por el Contralor General de la Republica en su visita al Quindío.

Los actuales encargados de las Alcaldías de Armenia y Calarca son dos fichas del riñón del Gobernador Jaramillo que fueron colocados allí para apropiarse de robustas cuotas burocráticas e imponer, mediante maniobras torticeras, unos, planes de desarrollo contaminados por el modelo neoliberal mediante la privatización de las empresas públicas, el endeudamiento ultra millonario y la recomposición de la nominas en clave  politiquera y clientelar.

Como quien dice, Jaramillo pesca en rio revuelto y el civismo es su fachada para el simulacro, utilizada en toda esta movida chueca, que en realidad es monitoreada por la Dirección Nacional Liberal encabezada por el ex Presidente Cesar Gaviria quien busca espacios para recuperar poder en el Eje cafetero donde no cuenta precisamente con mucha acogida.

Muy grave lo que sucede en Armenia y Calarca, pues la población y sus hogares estan urgidos de la acción del Estado para atender los problemas de seguridad alimentaria, empleo, sanitarios y de corrupción descontrolada.

Para completar, el Gobernador Jaramillo está empeñado en la reapertura del municipio de Salento, epicentro turístico del Quindío, y de otros espacios locales del Paisaje Cultural Cafetero,  colocando en grave riesgo su población, afectada por lo demás, con la contaminación de sus fuentes hídricas, por la minería ilegal del oro, la siembre de aguacate, un cultivo altamente dañino para el agua y las amenazas de los urabeños, que se mueven a sus anchas en Armenia y en la Cordillera Central, sin que la policía se dé por enterada, no obstante las amenazas a líderes sociales, indígenas, de la población Lgtbi (uno de cuyos integrantes fue asesinado hace un dia) y de las víctimas.