Durante su intervención en la audiencia “Crímenes contra la paz” adelantada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”, por lo que no es posible hablar de un factor único que las motive.

Si el pueblo colombiano tuviera la suficiente fuerza política o conciencia, ya estaría en las calles exigiendo la renuncia del actual fiscal general de la nación. Su comentario acerca de la no correlación de los asesinatos de líderes populares, es por lo menos irresponsable. Quiere decir que sin investigar, ya concluyó, lo que no corresponde a un funcionario de su peso judicial y social. Entonces, simplemente asume una descarada posición política ante tan graves sucesos.

Los feminicidios que ocurren en el país, no están relacionados en la mano criminal, lo que no quiere decir que dejen de ser feminicidios –entonces, por casualidad se cometen contra mujeres- igualmente la violación de niños no es cometida por la misma persona,  por lo que no dejan de ser aberraciones repudiables. Pero cortar el análisis social ahí, es quedarse en la apariencia. Hay que buscar las causas profundas, tal como se espera de una Dirección Fiscal.

Los asesinatos de los líderes populares, están relacionados con una posición política que se enfrenta a otra posición política que ha rechazado los acuerdos de paz, ha amenazado a sus opositores en panfletos y ha azuzado acciones de retaliación. Los muertos, entonces por casualidad son de izquierda, miembros de Marcha Patriótica o líderes sociales, que supuestamente no se enfrentan a ningún tipo de amenazas en la libre sociedad colombiana.

Señor Fiscal- por si no lo sabía- el asesinato político ha sido una práctica tradicional de las élites políticas que operan en Colombia, desde épocas inmemoriales. El conflicto no lleva cincuenta años; ya en la década de 1940, Jorge Eliécer Gaitán reclamaba al gobierno por el asesinato de sus seguidores. La famosa “chulavita” estaba conformada por personas pobres que odiaban y atacaban a los que se ponían al patrón.

Este tipo de posiciones, muestran que el Fiscal no ofrece ninguna garantía para la oposición en Colombia ni para el libre ejercicio de la política. La oligarquía pone sus fichas en los puestos claves de su estructura política. Así es como nos gobiernan.

Esperamos una acción fiscal pronta y clara en relación a las muertes de los líderes sociales y que paren ya, como es lo que se busca en los acuerdos de paz, por una forma más civilizada de hacer política en el país, con garantías para el disenso en una franca lid de las ideas y propuestas por una sociedad más humana.

Diciembre 10 de 2016