No se necesita buscar el ahogado rio arriba para darse cuenta quién esta detrás del vulgar y demencial asalto de los dineros públicos apropiados para atender la alimentación escolar de millones de niños pobres de familias de escasos recursos a través de los restaurantes escolares y de los PAE,  y de los que gestiona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 

Es la delincuencial clase politiquera del oficialismo, particularmente la del vargallerismo y el santismo, la que ha protagonizado este descarado robo de los dineros que buscan mitigar el hambre y la miseria de multitud de niños campesinos, obreros, indígenas y afro descendientes.

 

Los politiqueros de Córdoba, Barranquilla, Aguachica, Cúcuta, Ocaña, Choco, Sucre y de otros lugares no tienen escrúpulos y proceden como ratas adictas para desfalcar los presupuestos públicos, tal como lo hicieron con Reficar, las regalías petrolera y los dineros de las 4G.

 

La clase política feudal de la Costa Caribe, santistas y uribistas, son unos magos en esto del saqueo de los dineros públicos. Santos se invento la mermelada con cupos indicativos en el presupuesto y el Jefe Paramilitar ahora comandante del Cartel de la Chatarra, uso agroingreso seguro para enriquecer ganaderos y terratenientes fascistas.

 

No se llenaron con la matanza de niños hambrientos de la Guajira. La jornada tenia que completarse con el asalto a las escuelas y colegios.

 

Pongo a consideración de los lectores de Anncol varios análisis sobre este grotesco espectáculo de la degradación ética de la elite dominante en Colombia.

 

Una vergüenza!!!!!!!!

 

Juan Lozano

 

Para que no se roben la comida de los niños.

 

Combatir las mafias que trafican con el hambre de los niños es una prioridad nacional.

 

¿Quién puede ser más cruel, más asesino, más criminal que aquel empresario próspero o aquel político influyente que les roba la comida a niños que mueren de hambre? ¿Quién puede ser más cobarde y despreciable que el funcionario público que les hace el juego a esas mafias?

 

¿Qué régimen puede ser más pestilente que aquel que acepte que el hambre de los niños haga parte del tráfico de cuotas burocráticas y repartijas de poder para comprar congresistas, diputados o concejales? ¿A qué horas se anestesió este país frente a estos padecimientos de los niños, convertidos en mercancía a la hora de confeccionar licitaciones envenenadas para adjudicar contratos multimillonarios a estos desalmados?

 

Por eso resulta tan valerosa e importante la determinación de la ministra Gina Parody, tras investigaciones conducidas por su propio despacho, de hablar de frente y formular, con nombres propios y telarañas empresariales en la mano, las denuncias ante la opinión pública y la Fiscalía para que se adelanten los procesos penales correspondientes.

 

La información detallada que entregó el viernes la Ministra sobre La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander representa un gran avance, al igual que el compromiso del Contralor y la decisión de la Fiscalía para proceder con celeridad, como ya lo ha hecho tras otras denuncias valientes formuladas por Cristina Plazas, directora del ICBF, que arrojan 20 capturas y un exdirector regional en la cárcel. Ojalá vengan más condenas.

 

Que cada niño que muere de hambre es asesinado y que la masacre del hambre responde a un mecanismo criminal, lo dijo el suizo Jean Ziegler, exrelator de la ONU para el derecho a la alimentación, en entrevista para el diario ‘El Mundo’. Por eso los pasos corajudos dados para procesar a estos peligrosos delincuentes son trascendentales… pero no son suficientes, pues hay una falla atroz del sistema en su conjunto. ¿Qué hacer?

 

Primero. Se debe definir una política integral de alimentación infantil que acabe con el caos favorecedor de corrupción en programas dispersos que tienen componentes nutricionales, como por ejemplo el PAE, del Ministerio de Educación; los hogares de bienestar, del ICBF, los refrigerios escolares de centenares de municipios y departamentos o los compromisos de familias en acción del ultrapolitizado Departamento de Prosperidad Social. Por eso resultan interesantes las ideas de la ministra Parody para estructurar una coordinación de Estado ante tanta rueda suelta.

 

Segundo. Se debe tipificar un delito especial con condenas mucho más severas que lleguen hasta cadena perpetua, como merecen también los violadores y asesinos de niños. Las mafias del hambre no son simples bandas de corruptos. Son, como se desprende de la teoría de Ziegler, asesinos o torturadores de niños que cuando no los matan los condenan para el resto de su vida, con las secuelas inhabilitantes de la desnutrición.

 

Tercero. Se debe definir una isla de integridad frente a la alimentación escolar, con pactos de integridad y veeduría ciudadana descentralizada que sirvan para impedir que los políticos o los bandidos determinen la adjudicación de contratos, como lo sugiere Rudolf Hommes.

 

Cuarto. Se debe compartir toda la información relevante de estas redes para que Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Dian, Uiaf y Supersociedades, entre otras entidades, estimulen la denuncia ciudadana y actúen frente a estas marañas criminales bloqueándoles toda reencarnación ilícita para perseverar en sus delitos.

 

Quinto. Se debe inscribir la alimentación infantil dentro de un plan nacional de oportunidades que restablezca la equidad en el partidor de la vida y que, con la plata que hoy se roban estos criminales, les permita a todos los niños de Colombia desplegar alas inmensas para ser felices y conquistar sus sueños.

 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/para-que-no-se-roben-la-comida-de-los-ninos/16572286

 

El billonario negocio de los alimentos escolares, bajo la lupa.

 

Anomalías en comedores infantiles de 13 municipios

 

Defensoría revela detalles de visitas realizadas a comedores escolares en el Atlántico

 

Comedores escolares de tres municipios del Atlántico entregan comida contaminada: Defensoría del Pueblo.

 

JOSÉ GRANADOS FERNÁNDEZ Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ R.

 

Una de las inversiones sociales más sensibles del país está otra vez bajo el escrutinio público • Defensoría del Pueblo confirmó contaminación de desayunos y almuerzos en colegios del Atlántico que atiende Mineducación.

 

Hace una semana, una nueva lluvia de críticas comenzó a caer sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que maneja el Ministerio de Educación. Esta vez la andanada se suscitó por un informe de la Defensoría del Pueblo que “comprobó serias irregularidades” en la calidad de desayunos y almuerzos que reciben alumnos de primaria y bachillerato.

 

El asunto tiene que ver con alimentos contaminados. El Ministerio Público confirmó anomalías en los municipios guajiros de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, así como en Caracolí, corregimiento de Malambo, Puerto Colombia y Tubará, en Atlántico. Incluidas poblaciones de Chocó, en total fueron 13 localidades en las que detectaron “incumplimiento de la normatividad sanitaria”, “problemas de contratación” y “dificultades en la infraestructura para el almacenamiento y manipulación de los comestibles”.

 

El pasado 10 de julio EL HERALDO había informado que un estudio microbiológico de la Secretaría de Salud del Atlántico –este sirvió de insumo al trabajo de la Defensoría– detectó que más del 80% de los colegios municipales, Centros de Atención Infantiles, CDI, y Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de 17 poblaciones del Atlántico, en los que tomaron 1.386 muestras, suministraban alimentos contaminados con “coliformes fecales”, “salmonella” y “moho”.

 

A las denuncias del Defensor del Pueblo, Armando Otálora, se sumaron cuestionamientos del Contralor General, Edgardo Maya, quien calificó como “situación muy grave” lo que está sucediendo y, tras recordar que el Ministerio “tiene hoy a su cargo $4 billones para el tema de alimentación”, le hizo un llamado a la titular de ese despacho gubernamental, Gina Parody, para que, de una vez, “piense en la creación de una Unidad administrativa especial autónoma” que maneje estos recursos.

 

En sus cuestionamientos, Maya enfatizó que con el PAE “no se está cumpliendo el cometido: la calidad de la alimentación que se debe dar a los niños”, en especial en el tema de higiene. Sobre el billonario presupuesto denunció que hay “monopolios que han montado alrededor de estos contratos, a nivel municipal y departamental” y enfatizó: “Son contratos que tienen nombre propio”.

 

Sin convenio en Atlántico

 

El 9 de diciembre de 2014 el Ministerio de Educación abrió una convocatoria pública para conformar un banco de oferentes destinado a suscribir un “contrato de aporte” para la operación del Programa de Alimentación Escolar en los municipios del Atlántico, excluyendo a Barranquilla, Malambo y Soledad que tienen manejo directo de estos recursos.

 

El Ministerio informó a EL HERALDO que la contratación con un operador surgió porque “no se suscribió un convenio interadministrativo” con la Gobernación.

 

¿Por qué no se dio ese contrato?

 

Carlos Prasca, Secretario departamental de Educación, reveló lo que pocos conocen. Un año atrás, el 29 de noviembre de 2013, los departamentos de Cundinamarca –a través de la secretaria de Educación, Piedad Caballero– y Atlántico le enviaron una carta a la entonces ministra María Fernanda Campo en la que le expresaban las “preocupaciones y consecuencias de los críticos inconvenientes” que estaban enfrentando con el manejo del PAE que hacía tránsito del ICBF al Ministerio y de este a los entes territoriales.

 

Señalaban que los convenios con el Bienestar, por pertenecer a un régimen especial, no pagaban tasas, contribuciones o estampillas, pero que al ser suscritos entre las gobernaciones y contratistas, estos tendrían que asumir dichos gastos –Ley 80 de 1993–, los cuales terminarían “afectando” los costos del programa. Además, había que cambiar la modalidad de contratación de las manipuladoras.

 

Le advertían a Campo que esta situación generaba un costo sobre el desayuno o el almuerzo, según fuese la decisión de la entidad territorial, “cercano a un 35% adicional al monto previsto por el Ministerio”, sin incluir en este porcentaje los gastos administrativos para la gestión del programa y la interventoría, situación que ponía en “riesgo la prestación del servicio con calidad y oportunidad en los departamentos del país”.

 

En la misiva, los secretarios señalaron que a raíz de estudios de mercado, realizados entre los departamentos y el Ministerio, quedó en evidencia que el costo de las raciones no correspondía a los valores fijados por ese despacho.

 

Prasca y Caballero explicaban que el Mineducación adoptó –en ese momento– como costo promedio por ración $943 para desayunos y $1.282 para almuerzos, pero los precios mínimos calculados y revisados determinaron que los primeros debían costar $1.370 y los segundos de $2.273.

 

De acuerdo con el estudio, al aplicar estos valores a los cupos que atendía el ICBF a nivel nacional se generaba en el PAE una “desfinanciación de $556 mil millones en 2014, incluidos los municipios certificados”.

 

Prasca explicó que “con estos argumentos le dijimos al Ministerio que tales precios no podían garantizar una alimentación sana, adecuada y balanceada para los estudiantes” y reveló que Atlántico, desde ese momento, decidió no firmar el convenio.

 

Los alimentos que consumen los estudiantes de Tubará, uno de los inspeccionados por la Defensoría del Pueblo, son preparados en un sitio diferente (arriba) y llevados hasta el colegio en portacomidas (abajo).

 

Advertencia

 

Este malestar fue expresado por 26 de los gobernadores que asistieron a la asamblea general celebrada el 5 de diciembre de 2013. Allí firmaron una proposición en la que, con los argumentos anteriores, le anunciaron al Ministerio que no asumirían el PAE hasta tanto “apropiaran los recursos necesarios”.

 

Consideraban los mandatarios que debido al déficit quedaban expuestos a “enfrentar reclamaciones por desequilibrio económico de los contratos”. Sin embargo, después la mayoría de los gobernantes aceptó las condiciones del Mineducación y firmó. Atlántico y Cundinamarca no lo hicieron.

 

El 30 de julio de 2014 ante las quejas recibidas de los entes territoriales, la Procuraduría y la Contraloría General expresaron, en una carta, su preocupación al presidente Juan Manuel Santos.

 

El procurador Alejandro Ordóñez y la entonces contralora Sandra Morelli le pidieron “adoptar medidas urgentes” con el objetivo de “redefinir la finalidad del programa, precisar su alcance, garantizar un sistema de verificación, centralizar un sistema de información y garantizar su sostenibilidad financiera”.

 

Pero nada se decidió.

 

Rechazo a mala calidad

 

A la convocatoria abierta para el Atlántico se presentaron 7 uniones temporales. De estas el Ministerio escogió a la Unión Temporal Alimentar, integrada por la Fundación Enlace, Fundaenlace, y la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica, Cooseheroica, cuyo representante legal es Alejandro Hernández. (Ver Cerró la llamada)

 

Así figura en el contrato 427 de 2015, cuyo texto dice que fue firmado por $12.871.815.960 entre Hernández y el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Luis Enrique García.

 

Llama la atención, empero, que en respuesta a una consulta hecha por este diario el Ministerio informó, en un correo electrónico, que el contrato con Alimentar “para la operación de la vigencia 2015” tiene un “valor de $13.297.070.022” con el cual se garantiza la prestación del servicio por “120 días del calendario escolar”.

 

En la respuesta señaló que el operador debe entregar “56.457 almuerzos diarios y en el marco de la estrategia de jornada única se entregan 12.143 complementos y 15.872 almuerzos diarios adicionales”.

 

Además, respondió el Mineducación que a precios de hoy –según los valores que ellos han estipulado– “cada ración tiene un costo de $971 por complemento y $1.320 por almuerzo”.

 

Al respecto, Prasca considera que Alimentar fue “irresponsable al haber aceptado un contrato con ese tipo de condiciones”, aunque considera que esto “tampoco es excusa para ofrecer alimentos en mal estado”.

 

¿Qué está pasando?

 

Consultas hechas con personas vinculadas a este sector, que pidieron la reserva de su identidad, indican que gran parte de los problemas descubiertos, tanto por la Secretaría de Salud del Atlántico como por la Defensoría del Pueblo, tienen que ver con la “falta de un estricto control diario” a los operadores, no solo al del PAE sino a aquellos contratados por el Bienestar Familiar para atender los Centros de Desarrollo Infantil. Estos contratos en el Atlántico suman $36.953 millones para 2015.

 

También tienen programa de alimentación escolar  Barranquilla, Soledad y Malambo. (Ver Otros contratos)

 

“Aquí y en la región hay operadores que no entregan la cantidad acordada de insumos –carnes,  granos, cereales, etc.– y las manipuladoras deben aceptarlo o sencillamente pierden el trabajo”, aseguró una de las fuentes consultadas.

 

Otra indicó que hay casos en los que la minuta fija unos alimentos y las cantidades, pero terminan dándoles a los niños “productos diferentes”.

 

El Ministerio informó que a IS Colombia, interventora del contrato en Atlántico, le reportaron los hallazgos y debió programar visitas técnicas y tomar muestras microbiológicas para establecer acciones correctivas y preventivas.

 

¿Cómo mejorar?

 

La pregunta que surge es: ¿Ante contratos en los que el Estado invierte billones de pesos, qué debe hacerse para que los estudiantes beneficiados reciban la mejor alimentación?

 

La nutricionista Ludmila Patrón opina que, evidentemente, debe existir una “supervisión diaria y permanente” de parte de nutricionistas.

 

Pero, este diario encontró que esto no se cumple y que una nutricionista puede ser contratada para vigilar seis o más colegios, incluso en diferentes municipalidades.

 

Recomienda Patrón que en los colegios y otras entidades con alimentación escolar funcionen veedurías conformadas por estudiantes, padres de familias, docentes y directivos, que “sean entrenados” para vigilar el cumplimiento de las minutas patrón y diarias, que los operadores deben facilitar. Ese comité, incluso, debe tomar fotos y pesar la materia prima que entrega el operador con el fin de tener un registro de la calidad de los productos y de las cantidades recibidas.

 

Es vital adecuar las cocinas con buena ventilación, iluminación y cuartos fríos. Esto tampoco se cumple en la mayoría de instituciones, como sucede en Santo Tomás. (Ver nota anexa: Hay problemas de infraestructura)

 

“Los padres deben conocer la cantidad y el tipo de alimentos a recibir por los alumnos para una adecuada nutrición, incluso que sepan que este proceso no se trata de cantidad sino de calidad”, indicó otra nutricionista.

 

Se considera importante que antes de iniciar un plan de alimentación evalúen el estado nutricional de cada estudiante para conocer su talla y peso, a fin de “orientar de manera adecuada” el tipo de atención que hay que poner en práctica (incluso para los pocos alumnos obesos). “Al final del programa, igual, hay que evaluar el estado nutricional de cada estudiante y así se sabrá si lo que se hizo surtió efecto”, señaló Patrón.

 

EL HERALDO quiso dialogar con la ministra Parody sobre el caso de Alimentar y los reclamos por los bajos valores de las raciones alimenticias, pero la respuesta fue que ella “no va a hablar del PAE hasta que no tengamos el parte de la investigación”.

 

Tras las denuncias sobre la mala calidad de los alimentos, la Fiscalía prepara una investigación. “Nada de esto debe seguir pasando y hay que preservar el bienestar de menores”, dijo un vocero.

 

Otros contratos

 

En Barranquilla la alimentación escolar, para suministrar 21.483 almuerzos y 46.869 complementos alimentarios, fue suscrito con la Unión Temporal Construir Bienestar 2015, cuyo representante legal es Francisco Duarte. Fue el único proponente de una licitación. El valor es de $8.214.437.162. En Malambo el operador, mediante un contrato de asociación, es la Fundación Propuesta Social del Futuro. Su representante legal es Martha Inés Palencia de Castro. El contrato tiene un valor de $1.602.720.094 para 9.677 desayunos y 4.104 almuerzos diarios. En Soledad la alimentación fue contratada con la Fundación Social Progresar, representada por Ludis Ibeth Alvarino Ochoa, luego de un convenio con el Mineducación para 13.248 desayunos y 4.630 almuerzos, durante 79 días del segundo semestre. El valor es de $2.097.073.912.

 

Inversión para el PAE

 

En el presupuesto del Departamento del Atlántico serán incluidos entre cinco mil y siete mil millones de pesos para apoyar el Programa de Alimentación Escolar que ejecuta el Ministerio de Educación en el Departamento del Atlántico.

 

En tal sentido se expresó el Gobernador José Antonio Segebre Berardinelli, quien anunció que esta semana será instalada la Mesa de Alimentos donde se ha invitado al ministerio de Educación y todas las instituciones comprometidas con el propósito de tratar este tema.

 

Del mismo modo, el mandatario seccional informó que próximamente serán invertidos $500 millones para el cambio de todo el menaje (vajilla y cubertería, servicio de mesa en general) de los colegios de los municipios del Atlántico.

 

Cerró la llamada

 

EL HERALDO visitó el viernes a las 8:30 a.m. la sede de la Alimentar, en la bodega M1-1 del Parque Industrial de la vía Circunvalar, Metro Parque. Luego de varios minutos, una empleada informó que no se encontraba Robinson Palomino, directivo de la firma, y dijo que no sabían a qué hora regresaba. Por teléfono, Palomino afirmó que la información sobre la contaminación de los alimentos estaba basada en “exámenes microbiológicos que tuvieron un procedimiento irregular” de la Secretaria de Salud Departamental porque “debieron entregar una contra muestra y avisar para hacer acompañamiento”. Señaló que implementaron correctivos con el acompañamiento del Mineducación y dijo que estaba haciendo  unas “supervisiones”. Al preguntarle sobre la conformación de la unión temporal, dijo: “No puedo seguir hablando” y cerró la llamada, sin permitir preguntarle si tiene vínculos con algún grupo político. De Alimentar hace parte  Fundanlace, entidad que en diciembre ganó un contrato por $1.071 millones para atender un CDI del Bienestar Familiar en Palmar de Varela.

 

http://www.elheraldo.co/local/el-billonario-negocio-de-los-alimentos-escolares-bajo-la-lupa-212056

 

Así se habría perdido el dinero de la alimentación de niños en Chocó.

 

Revista Semana.

 

De un contrato de $4.170 millones entregado a Funomiser, $2.300 millones habrían ido a los bolsillos de particulares. Beneficiarios fantasmas, sobrecostos y dinero para pagos personales habrían sido la constante.

 

Chocó: así se perdió el dinero de la alimentación de los niños en Chocó  La Fiscalía recaudó pruebas para determinar que parte del dinero de alimentación para los niños había sido utilizado indebidamente. Foto: Archivo particular

 

La semana pasada, la Fiscalía capturó seis personas que tuvieron que ver con presuntas irregularidades en la celebración y la ejecución de los contratos para la atención de menores de cinco años, mujeres gestantes y madres lactantes dentro de la estrategia presidencial conocida como de Cero a Siempre.

 

Las capturas constituyeron todo un escándalo local pues se trataba de personas muy conocidas en esa región que durante años han posado como comerciantes. Así, la Fiscalía llevó ante una juez a Reinaldo Palacios Córdoba, más conocido como ‘Blakys’, y a su esposa, Martha Figueroa Mosquera. También a Inés Besaida Asprilla, lo mismo que Kelly Lucena Barrios Torres y a Cristian Abel Peña Rentería.

 

Los tres primeros eran las cabezas visibles de la Fundación Obras de Misericordia (Funomiser), que obtuvo el contrato 290 del 2014 con Bienestar Familiar por $4.170 millones para la ejecución de los proyectos sociales, entre los que estaban la alimentación escolar durante el 2015.

 

Durante seis meses, la Fiscalía recaudó una serie de pruebas que les indicaban que parte de ese dinero había sido utilizado indebidamente.

 

Tras las capturas, y durante largas horas de audiencias que terminaron el pasado sábado, el fiscal Luis Emiro Asprilla explicó lo que había ocurrido con los dineros oficiales. Las pruebas aportadas dejaron perpleja a la audiencia. El fiscal explicó cómo cerca de $2.300 millones fueron utilizados en cosas muy distintas al objeto del contrato.

 

Dentro de la imputación, el fiscal reveló evidencias de cómo los $4.170 millones no fueron consignados en una cuenta bancaria especial como lo exigía el contrato, sino que la millonaria suma fue a cuentas personales de donde salía dinero para el pago de celulares, servicios públicos, compra de materiales para construcción y giros de millones a personas naturales que nada tenían que ver con la Fundación.

 

Se evidenció también cómo, de 1997 beneficiarios, 501 resultaron falsos, por eso el fiscal los denominó “beneficiarios fantasmas”. Es decir que no pudieron ser reconocidos con nombres, ni registros civiles o números de cédulas.

 

Pero además, la Fiscalía encontró un perfecto carrusel dentro de Funomiser. Así, Reinaldo Palacios, quien manejaba toda la operación en la sombra, creó empresas que le suministraban alimentos a la Fundación y le prestaban otros servicios. Es decir, contratos de ‘yo con yo’.

 

El fiscal encontró que, a nombre de este personaje, se giraban cheques personales por valores que iban desde $30 millones a $100 millones que nunca se justificaron. También giró dineros a su esposa y otras personas. Hubo “más de $300 millones girados cuyo destino se desconoce”, dijo el funcionario a Semana.com.

 

En la imputación también quedó al descubierto una operación, según la cual, se hacía creer que a los niños y gestantes se les daban productos de primera calidad a valores comerciales determinados, cuando en realidad se les entregaban alimentos cuyos precios eran significativamente inferiores.

 

En ese entramado, la Fiscalía determinó que la supervisora del contrato del ICBF, Kelly Lucena Barrios Torres, no hizo lo suficiente para hacer seguimiento a los gastos y operación de la Fundación. La Fiscalía determinó que, tan solo en giros que nada tenían que ver con el contrato, se habrían extraviado un poco más de $1.000 millones. Otros $1.300 millones, fueron a para a los bolsillos de estas personas.

 

Entre las pruebas también están sobrecostos, falsedad en la elaboración de las propuestas ante el ICBF y hasta falsificación de estados financieros de la Fundación.

 

Tras dos días de audiencias, la juez determinó que Reinaldo Palacios debía ir a la cárcel, mientras que su esposa, Martha Figueroa Mosquera, e Inés Besaida Asprilla, la otra representante legal (en el papel) de la Fundación, fueron cobijadas con medida de aseguramiento en detención domiciliaria por ser madres cabezas de familia.

 

Por su parte, Kelly Lucena Barrios Torres y Cristian Aben Peña, funcionarios del ICBF, fueron dejados en libertad por considerar que no son un peligro para la sociedad. Pero seguirán vinculados al proceso.

 

Los delitos que enfrentan son peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y prevaricato por omisión.

 

La investigación continúa porque la Fiscalía, ahora, quiere ahondar en información según la cual, el dinero habría ido a políticos de la región.

 

Así como en Chocó, la Fiscalía ha avanzado en otros casos como en Cesar, donde fueron capturados el alcalde de Aguachica, un asesor de la Alcaldía y a representantes de la Fundación Provenir, la empresa contratada para suministrar los alimentos en varios colegios, entre ellos los de la institución Sagrado Corazón de Jesús.

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-asi-se-perdio-el-dinero-de-la-alimentacion-de-los-ninos-en-choco/470923

 

Por defraudación al ICBF, contratista va a la cárcel.

 

El Heraldo.

 

FRANCISCO DE LA HOZ

 

Otras dos personas recibieron el beneficio de la casa por cárcel . Una funcionaria, que se entregó el pasado viernes, espera audiencia.

 

Uno de los dos directivos de la fundación Semillas Colombia, comprometida con probables irregularidades en la entrega de alimentos a un grupo de la primera infancia en Maicao, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de Control de Garantías, mientras que su cónyuge y un proveedor de frutas de su organización fueron cobijados con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva domiciliara.

 

Los afectados con la decisión de la juez III Penal municipal de Riohacha fueron Jorge Mario San Juan Ángel, a quien la togada envió a la cárcel luego de que le fiscalía le imputara los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y peculado por apropiación.  Con detención domiciliaria fueron cobijados, la esposa del anterior Jassaí Oriana Brito Garzón y Libardo Liñán Puerta, este último es un comerciante de frutas, que terminó envuelto en el ilícito.

 

La defraudación al ICBF en los contratos de primera infancia fue descubierta en los  contratos de aportes 337 y 368 del 23 de diciembre de 2014 entre el ICBF y la fundación Semilla Colombia.

 

Se dijo por parte de la Fiscalía que se encontró inexistencia de muchos beneficiarios, falsedad en cuentas de cobro, empresas de fachada, duplicidad de beneficiarios y en general no se produjo la ejecución cabal de los contratos por $4.400 millones y un contrato sin ejecutar por $695 millones.

 

La Fiscalía señaló que se habían expedido seis órdenes de captura por parte de un juez de la República y se afectó con ellas al representante legal de la fundación con la que se suscribió el convenio y el representante que firma por parte del ICBF.

 

Tras una prolongada dilatación de las audiencias preliminares para imputar cargos y para imponer medida de aseguramiento de varios días, la juez decidió beneficiar con detención domiciliaria a la mujer, por considerar que no es un riesgo para el proceso. Tampoco se encontró riesgo en dejar detenido en su casa al vendedor de frutas Libardo Enrique Liñan Puerta.

 

Se entregó la funcionaria del ICBF. El día viernes y tras varios meses de estar clandestina, se entregó a la Fiscalía Milbis María Gámez Ramírez, una profesional que venía prestando sus servicios al ICBF en Maicao. Esta mujer tenía el encargo de hacer supervisión del contrato suscrito entre el ICBF y la fundación Semillas Colombia. Como en la mayoría de los procesos que se siguen por defraudaciones al ICBF, este también se ha dilatado por múltiples causas.

 

Desde el viernes hasta hoy, solo se ha logrado la legalización de la captura de Milbis María Gámez. Ayer domingo la Juez que lleva el caso y la Fiscalía estaban listas para hacer la imputación de los delitos y aplicar la medida que fuera necesaria o dejar libre a la indiciada, pero el abogado de confianza contratado por Milbis no estuvo a las nueve de la mañana hora fijada y hasta el medio día no se había presentado.

 

http://www.elheraldo.co/la-guajira/por-defraudacion-al-icbf-contratista-va-la-carcel-256744

 

Más del 80% de centros escolares del Atlántico y el Caribe dan alimentos contaminados.

 

El Heraldo.

 

Defensoría anuncia intervención ante irregularidades en el suministro de alimentos para niños del Atlántico

 

KENJI DOKU

 

Informe oficial sobre establecimientos educativos públicos del Átlántico.

 

El estudio microbiológico realizado por la Secretaría de Salud Departamental a los alimentos suministrados en colegios y centros de atención infantiles del ICBF arrojó resultados negativos que afectan la salud de los menores.

 

Así quedó evidenciado en los análisis a las muestras que, de acuerdo a la dependencia, fueron realizados entre los meses de mayo de 2014 y mayo de 2015. Los alimentos fueron tomados en hogares comunitarios, comedores escolares y Centros de Desarrollo Infantil, CDI, de 17 poblaciones del Atlántico. Los responsables de las revisiones fueron la Secretaría de Salud Departamental y el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico.

 

El miércoles anterior la secretaria Celia Cruz Torres presentó la denuncia respecto a la contaminación y mal estado de las comidas entregadas a los menores de edad en hogares infantiles.

 

La funcionaria se refirió al tema en medio de una reunión del Consejo de Política Social que se llevó a cabo en la sede de la Gobernación del Atlántico.

 

Ese día Torres manifestó que en el estudio fueron tomadas unas muestras (1.386) para el monitoreo de la vigilancia de la calidad de los alimentos y “los resultados de estos arrojaron el hallazgo de hongos y levaduras que afectan la integridad de los jóvenes”.

 

EL HERALDO tuvo acceso a este informe, el cual tuvo como líneas de investigación la leche y sus derivados; aguas y refrescos; alimentos preparados; cereales, granos y derivados; carnes y derivados; productos de la pesca; panela y grasas y aceites.

 

La evaluación contó con la inspección visual y física, además de rotulado y embalaje de los productos. Y las pruebas analíticas fueron conforme a la oferta del Laboratorio de Salud Pública, LSP.

 

Trabajo de campo. De acuerdo con la investigación, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental estuvieron en Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí.

 

Allí fueron seleccionados grupos de alimentos con enfoques de riegos, según señaló la Secretaría de Salud.

 

Por ejemplo, en el municipio de Tubará, situado en la zona costera del Departamento, el grupo de investigación estuvo el 21 de abril de este año en el Hogar Comunitario Mis Primeras Ilusiones. En este sitio fueron tomados como muestras ensalada de zanahoria y remolacha y jugo de maracuyá que fueron suministrados en el almuerzo de los pequeños.

 

Los resultados, según el análisis microbiológico, arrojó un rechazo por “coliformes totales y fecales, así como moho y levaduras”.

 

En otra inspección realizada el 21 de abril de este año al Hogar Comunitario Corazón de Niño de Baranoa, los funcionarios tomaron como prueba una ensalada de zanahoria, remolacha y papa del almuerzo de los niños que, según el estudio arrojó “coliformes totales y fecales”.

 

Y en otra prueba tomada en Palmar de Varela en el Hogar Comunitario Chiquilladas, un arroz de pimentón con pechuga asada arrojó “coliformes totales y salmonella”.

 

Respuesta ICBF. Frente a la denuncia de la secretaria de Salud del Atlántico, Karen Abudinén, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, manifestó que desde su oficina se viene a nivel nacional trabajando en la inspección, vigilancia y control de la manipulación de los alimentos en los centros administrados por el instituto.

 

Además señaló que el ICBF tiene un equipo de trabajo en la regional Atlántico que viene apoyando la supervisión a todos los contratistas que hoy operan en el servicio de la primera infancia.

 

“Quiero decirles a los contratistas que vamos a revisar el tema y si tenemos que irnos frente a uno de ellos porque no están cumpliendo con los estándares de calidad, lo vamos a hacer”, sentenció.

 

La funcionaria también afirmó que se iba a iniciar una línea de trabajo junto con la Gobernación del Atlántico para reducir los índices expuestos en el informe.

 

Más reacciones. Carlos Prasca, secretario de Educación del Departamento, respondió que le llamaba la atención que “primero se denunciara la situación y después se le informara a las autoridades”. Sobre los colegios del Departamento que, según informe de la Secretaría, están relacionados con la entrega de alimentación en mal estado, dijo que los comedores escolares del Atlántico los administra Unión Temporal Alimentar, contratada por el Ministerio de Educación. Y agregó que se iba a poner al tanto del proceso de investigación.

 

Javier Bermúdez, presidente la CUT y del Sindicato de los Hogares Infantiles de Colombia, cuestionó la labor del ICBF, pues, para él, no se sabe qué se hace en las visitas de estándares de calidad y valoración en los Centros.

 

Al tiempo, Bermúdez dijo estar de acuerdo en que se supervise, pero que no se raye en desvíe el tema “tratando de inclinar de que el que tiene la culpa en el hogar infantil es la madre comunitaria”.

 

Ayer la Defensoría del Pueblo envió una comisión de verificación a los municipios de Soledad, Galapa, Malambo, Sabanagrande y Manatí, donde la Secretaría de Salud Departamental “habría encontrado evidencias más graves de contaminación”.

 

De la misma manera, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Salud copia del informe técnico que sustenta las denuncias, así como un avance respecto a los correctivos que desde esa institución han sido dispuestos.

 

De igual forma, se requirió mediante oficio a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a fin de que explique los protocolos para la manipulación, entrega y almacenamiento de los alimentos, el censo de niños y niñas beneficiarios de estos programas, el listado de los responsables para la administración y ejecución de los mismos, así como las medidas adoptadas para prevenir situaciones como las advertidas por la administración departamental.

 

http://www.elheraldo.co/local/mas-del-80-de-centros-dan-alimentos-contaminados-204880

 

Alimentación indigna en los comedores infantiles de La Guajira.

 

Estudiantes comen bollo con mantequilla en la escuela de La Gloria. Alimentos que no cumplen la minuta del PAE.

 

El billonario negocio de los alimentos escolares, bajo la lupa

 

Anomalías en comedores infantiles de 13 municipios

 

SANDRA GUERRERO BARRIGA

 

EL HERALDO realizó un recorrido por varios colegios del departamento y evidenció irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo en el Programa de Alimentación PAE.

 

Con la ilusión de ser médico, José Alejandro Uriana, 17 años, asiste todos los días al colegio en el área rural de Manaure, La Guajira. Cursa undécimo grado y es el contralor de la Institución Etnoeducativa La Gloria, donde estudian 490 alumnos a los que defiende para que tenga mejores condiciones escolares en un futuro.

 

En esta labor, José tiene que enfrentar carencias, como la falta de transporte, el hacinamiento en los salones y una adecuada alimentación, que le impiden dedicarse por completo al estudio.

 

“Debido a la situación que vivimos aquí, hemos enviado muchas cartas, nos hemos reunido con los gobernantes, pero no ha sido posible conseguir solucionar nuestras dificultades”, asegura José Alejandro en un recorrido por la pequeña cocina y el incómodo comedor del colegio, donde los alumnos tienen que turnarse para comer.

 

Durante una visita de EL HERALDO, a las 9 a.m. del pasado viernes, los alumnos de primaria comían un bollo con mantequilla y un vaso de bienestarina, mientras en la cocina preparaban espagueti con pollo y más bienestarina para el almuerzo. Sin embargo, ninguno de los dos menús estaba incluido en la minuta pegada en la pared. El papel era un elemento decorativo de la escuela, en cuyo piso hay un peligroso hueco cubierto por una tapa oxidada.

 

La pagadora de la institución, Aminta Correa, afirma que el año pasado “solo enviaban comida para los de primaria”, pero la “estirábamos para que alcanzara y darles a los de secundaria”. “Este año –añade– incluyeron a los más grandecitos”.

 

Sin agua ni luz

 

En las escuelas de las comunidades wayuu de Orroko y Yamain, que pertenecen a Maicao  pero están en la vía a Uribia, es donde más se evidencian las irregularidades comprobadas por la Defensoría del Pueblo, dadas a conocer el pasado lunes desde Bogotá, en cuanto al deficiente y antihigiénico servicio de alimentación escolar en esta región del país. Iguales fallas fueron detectadas en municipios de Atlántico y Chocó.

 

Los menores comen en el piso o sobre un tronco, la cocina es solo un espacio donde ponen la leña, los calderos, las ollas y los alimentos con que preparan los desayunos y almuerzos.

 

Tampoco hay suficientes platos y cubiertos, no hay agua, no tienen luz y los niños casi siempre comen atún o sardinas venezolanas, cuyas latas se van tirando en el piso porque tampoco hay un lugar adecuado para depositar las basuras.

 

La cocina de Yamain ni siquiera queda en el mismo sitio donde está el colegio, sino a diez minutos a pie, en una ranchería cercana de donde traen la comida en una carretilla todos los días. “Aquí cocinamos con nuestros chismes y algunos que nos han donado”, dice María del Carmen Jusayú, una de las manipuladoras, quien realiza su labor sin tapabocas ni gorro porque dice que “nunca nos lo han dado”.

 

Las mujeres que preparan los alimentos no tienen claro cuánto ganan. Solo saben que son $50 por alumno y que por tres meses, aseguran,  les dan $300 mil.

 

Un grupo de niños mientras comen en la institución Yamain. No cuentan con mesas ni sillas para hacerlo.

 

Raciones

 

La rectora del colegio Nuestra Señora de Fátima, en Manaure, Nereidas Murgas, afirma que las raciones que envían “no son suficientes” para los 477 estudiantes. “Sabemos que es solo un complemento nutricional, aunque siguen siendo muy pequeñas”, admite. En este colegio hay una cocina más amplia, donde pueden almacenar los alimentos, pero los alumnos no tienen un lugar para comer y lo hacen en cualquier rincón. Donde puedan sentarse.

 

Las irregularidades también fueron encontradas en colegios de Riohacha como el Denzil Escolar o el Chon Kay. Allí los niños comen en el desayuno una caribañola o empanada con bienestarina, lo que, según José Camargo, secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, “no está de acuerdo con los objetivos nutricionales que exige el Programa de Alimentación, PAE”.

 

“Aquí a los operadores y a las administraciones no les importa si los niños comen frutas o verduras, si la harina es de calidad, si la minuta fue socializada con la comunidad educativa y, mucho menos, si los estudiantes tienen un lugar digno donde comer”, asegura Camargo.

 

Los millones del PAE

 

Ante el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de La Guajira, el gobernador José María Ballesteros asegura que su administración ha “vigilado” el Programa de Alimentación Escolar.

 

Sin embargo, pese a esa vigilancia hay irregularidades. Al respecto, Ballestero afirma que “lo que haya que cambiar habrá que cambiarlo, porque no podemos aceptar que se siga prestando el servicio de esta forma”.

 

Comenta el mandatario que con la nueva interventoría ha modificado el proceso para realizar correctivos. “Si no hay un operador que brinde un excelente servicio, independiente de quien sea, se cambia”, asevera.

 

El PAE en La Guajira fue  oficializado en marzo del presente año, tiene un costo de $37.910.480.000, cofinanciado con recursos de regalías. El Ministerio de Educación cubre el 21% y el gobierno departamental el porcentaje restante.

 

La cocina y comedor infantil al aire libre en Orroko.

 

El Contratista

 

El contrato es prestado por el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, con sede en Valledupar y representado legalmente por María Angélica Araújo Noguera. La adjudicación resultó de un proceso licitatorio. La contratación, según Ballesteros, establece que “deben ser atendidos 195.000 estudiantes” de los establecimientos educativos oficiales en los 11 municipios no certificados y brindar apoyo complementario a los de tres localidades certificadas, es decir que manejan la educación: Riohacha, Uribia y Maicao.

 

Sin embargo, la contratista asegura que son 136 mil raciones al día en los 14 municipios, pero el contrato reza que son 132.291 almuerzos y 14.707 complementos alimentarios los que debe entregar.

 

En Hatonuevo la administración cubre directamente el plan de alimentación. Araújo Noguera afirma que su servicio es “suministrar alimentos y las manipuladoras” y dice que “no tenemos responsabilidad en lo que tiene que ver con utensilios, infraestructura, sillas o mesas”.

 

El contrato tiene una duración de 125 días, es decir que serían 1.625.000 raciones en total, las que divididas por el valor del contrato da como resultado un promedio de $23.329 por ración.

 

Otros contratos

 

En Manaure, además del servicio que presta el contratista del PAE, la alimentación escolar también fue firmada en junio por el municipio con la Corporación Corazón País, representada por Beatriz Aracelis Camargo Jiménez, por valor de $2.174.366.600. Su objeto es brindar un complemento alimenticio a los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial.

 

En Maicao el Consorcio Manos Unidas por Colombia III, representado por Jorge Emilio Gómez Álvarez, firmó un contrato con la administración en julio de este año por $1.356.233.698 para la asistencia nutricional de los estudiantes en esta población.

 

En Riohacha el servicio de alimentación escolar está dividido en dos partes, el área rural lo presta la Administración Departamental y el área urbana la Administración Distrital, a través de un convenio firmado con la Fundación para el Bienestar Social de la infancia, la familia y el medio ambiente Fusofamed, cuya representante es Elys María Gutiérrez Amaya y tiene su sede en Riohacha.

 

Con la fundación se firmó un primer convenio en el mes de enero por valor de $1.761.906.700 para el primer semestre del año y en el segundo el convenio tuvo un valor de  $1,628.320.302, firmado el 23 de junio por un término de seis meses. En Uribia el servicio de  alimentación escolar es por $1.899’885.568,00 a través de un convenio interadministrativo con el ministerio de Educación Nacional. Los almuerzos los ofrece el departamento y la Administración Municipal se encarga de los desayunos.

 

Con base en este convenio se firmaron contratos con varios operadores como la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuuwatujahipau, cuya representante legal es Nilka Pushaina Mengual, por $97.473.740, con una duración de 98 días. También con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Mareiwayuuguamana de la zona del Cerro de la Teta por valor de $279.781.768 y su representante legal es Doris María Gutiérrez Siosi.

 

Otro de los contratos fue por $507.646.370 celebrado con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ayatajeshi waya sau womain, con representación legal de Mileidy Del Valle González Fernández. Igualmente con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Talaptajirrawa de Portete por valor de $74.979.800, cuya representante es María Teresa Barros. Otro contrato fue con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la zona de Makuira por $190.448.692 y su representante es Omaira Fernández.

 

De la misma manera se firmó contrato con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Yaletshi Waya por valor de $201.529.258 y es representada por Arisley Murillo Ortega, mientras que con la IPSI Palaima se firmó uno por valor de $61.269.208, a través de Tenilda Ledezma Álvarez, su representante.

 

Mientras avanzan las investigaciones anunciadas por la Procuraduría, con base en las denuncias por la mala calidad y deficiencia en la cantidad de los alimentos suministrados, José Alejandro, Gloria Dayana y Lilibeth seguirán soñando con un futuro mejor para ellos y sus compañeros.

 

Algunos alumnos quieren ser docentes y otros médicos, ingenieros o artistas, pero, ante tantas carencias y falta de oportunidades, la deserción escolar estará latente para muchos. Una consecuencia lamentable por el manejo que se le da al servicio educativo en La Guajira y otras regiones del país.

 

http://www.elheraldo.co/local/alimentacion-indigna-en-los-comedores-infantiles-de-la-guajira-212244

Horacio Duque