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El 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció que entre 2002 y 2008, bajo el Gobierno de Uribe, los militares ejecutaron 6.402 personas inocentes, a quienes presentaron como guerrilleros dados de baja en combate. El ex Presidente calificó de atropello esta noticia criminal.

Uribe arremete contra la JEP porque lo desacredita y en su defensa revela que tal práctica genocida “venía de décadas atrás”. Es importante que un caudillo como él reconozca que desde el Estado perpetran tales crímenes de lesa humanidad, que la élite gobernante busca esconder bajo la alfombra del Conflicto Interno. Le falta reconocer a Uribe que un ministro de Defensa suyo expidió la Directiva 029, que recompensaba con 3 millones de pesos y ascensos al militar que presentara el cadáver de un guerrillero.

En su alegato Uribe afirma que privilegió desmovilizar y no dar de baja, por esto en 2005 amnistió a 35.000 narcoparamilitares, “sin el costo institucional y la impunidad total del reciente mal llamado Proceso de Paz”. Lo que no dice es que de las confesiones de los amnistiados surgieron 14.000 noticias criminales contra determinadores y cómplices que involucran a 1.240 dirigentes políticos, 1.274 militares, mientras

que las restantes incriminan a empresarios, ganaderos, ejecutivos de medios de comunicación, de multinacionales y petroleras, según informó la Fiscalía en marzo de 2015; procesos que terminaron escondidos en la justicia ordinaria.

Agrega el ex Presidente que no elude la justicia, pero se le olvida que su Comisionado de Paz Restrepo está huyendo luego de inflar las cifras de narcoparamilitares desmovilizados, de hacer montajes con supuestos frentes desmovilizados y cobrar millonadas a los capos que compraron la amnistía. También está huyendo de la justicia la Caya Daza, su Asesora Legislativa, a quien le encomendó la operación de compra de votos en asocio con el Cartel del Ñeñe Hernández lo que le permitió a Duque llegar a la presidencia en 2018.

La operación que ejecuta Uribe es magistral: limpiar a los victimarios y criminalizar a los inocentes bajo el lema de mantener la seguridad a los inversionistas, régimen de dictadura mafiosa que mantiene felices a las empresas extranjeras y a super ricos como Sarmiento Angulo, quienes se lucran con este modelo económico resguardado por un sistema de guerra perpetua. Cambiar esto solo lo hará la lucha de la gran mayoría de la sociedad colombiana que exige tener una nación soberana, democrática, en paz y equidad.

Comando Central

Ejército de Liberación Nacional

 

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